Sin duda el cierre de año dejó algo más que casas vacías: dejó al descubierto una estafa conocida, documentada y aun así, permitida.
Adriana Ríos
Río Bravo, Tamaulipas.- Los desalojos con los que cerró el año la colonia ampliación Benito Juárez no son un hecho aislado ni producto del azar, sino la consecuencia directa de una presunta estafa que arrastra antecedentes desde la década de los noventa y que, pese a resoluciones judiciales claras, continuó afectando a algunas familias.Así lo evidenció la luchadora social Concepción Tejeda Pérez, fundadora de la Cavazos Lerma y representante de habitantes de la colonia en controversia, donde hasta la fecha al menos seis familias han sido desalojadas.
Con documentos oficiales en mano, Conchita Tejeda Pérez expuso que el presunto vendedor de los lotes en disputa, es la misma persona a la que ella enfrentó y venció en tribunales agrarios hace más de dos décadas. Se trata de Carlos González Álvarez, señalado por los desalojados como quien les ofertó los terrenos ahora perdidos.
De acuerdo con la dirigente, González Álvarez ya había sido derrotado judicialmente por intentar adjudicarse predios ejidales tanto en la ampliación Benito Juárez como en una colonia contigua durante los años noventa, haciéndose pasar entonces como propietario legítimo.
Como prueba, mostró una resolución judicial fechada el 20 de mayo de 1999, emitida por el Magistrado Andrés Islas Soria, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, tras cinco años de litigio.
En dicha sentencia se establece que a González Álvarez no le fueron confirmados derechos sobre los lotes que pretendía disputar, quedando sin sustento legal alguno para comercializarlos, pero pese a ello, el señalado continuó vendiendo predios en la ampliación Benito Juárez, generando una cadena de operaciones irregulares que hoy desemboca en procesos judiciales civiles y en el despojo de familias que invirtieron sus ahorros y años de trabajo en un patrimonio ahora inexistente.
Sin duda el cierre de año dejó algo más que casas vacías: dejó al descubierto una estafa conocida, documentada y aun así, permitida.
Río Bravo, Tamaulipas.- Los desalojos con los que cerró el año la colonia ampliación Benito Juárez no son un hecho aislado ni producto del azar, sino la consecuencia directa de una presunta estafa que arrastra antecedentes desde la década de los noventa y que, pese a resoluciones judiciales claras, continuó afectando a algunas familias.Así lo evidenció la luchadora social Concepción Tejeda Pérez, fundadora de la Cavazos Lerma y representante de habitantes de la colonia en controversia, donde hasta la fecha al menos seis familias han sido desalojadas.
Con documentos oficiales en mano, Conchita Tejeda Pérez expuso que el presunto vendedor de los lotes en disputa, es la misma persona a la que ella enfrentó y venció en tribunales agrarios hace más de dos décadas. Se trata de Carlos González Álvarez, señalado por los desalojados como quien les ofertó los terrenos ahora perdidos.
De acuerdo con la dirigente, González Álvarez ya había sido derrotado judicialmente por intentar adjudicarse predios ejidales tanto en la ampliación Benito Juárez como en una colonia contigua durante los años noventa, haciéndose pasar entonces como propietario legítimo.
Como prueba, mostró una resolución judicial fechada el 20 de mayo de 1999, emitida por el Magistrado Andrés Islas Soria, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, tras cinco años de litigio.
En dicha sentencia se establece que a González Álvarez no le fueron confirmados derechos sobre los lotes que pretendía disputar, quedando sin sustento legal alguno para comercializarlos, pero pese a ello, el señalado continuó vendiendo predios en la ampliación Benito Juárez, generando una cadena de operaciones irregulares que hoy desemboca en procesos judiciales civiles y en el despojo de familias que invirtieron sus ahorros y años de trabajo en un patrimonio ahora inexistente.
Sin duda el cierre de año dejó algo más que casas vacías: dejó al descubierto una estafa conocida, documentada y aun así, permitida.
