Ciudadana riobravense denuncia públicamente un presunto abuso de poder por parte de la regidora del Partido del Trabajo.
Adriana Ríos
Río Bravo, Tamaulipas.- Ciudadana riobravense denuncia públicamente un presunto abuso de poder por parte de la regidora del Partido del Trabajo, Laura Leyva, luego de un percance vial menor ocurrido hace algunos meses.
De acuerdo con el testimonio de la señora Leyni López Rodríguez, el incidente ocurrió cuando la motocicleta conducida por su esposo, rozó ligeramente un vehículo estacionado perteneciente a Ramiro Barrón, esposo de la funcionaria Leyva Cázares.
La esposa del motociclista afirmó, que tras el incidente, el conductor de la moto permaneció en el lugar con la intención de asumir su responsabilidad y llegar a un acuerdo por los daños, sin embargo, la situación se tornó tensa cuando la regidora Laura Leyva llegó al lugar y de manera agr3s1v5 comenzó a exigir el pago inmediato de 15 mil pesos por la reparación del vehículo, una cantidad que, aseguran, resulta desproporcionada, ya que estimaciones en talleres de hojalatería señalan que el daño no superaría los 3 mil pesos.
La familia explicó que en ese momento no contaban con la cantidad solicitada y propusieron cubrir la reparación mediante pagos parciales o directamente en un taller, alternativas que fueron rechazadas por la funcionaria.
Durante el altercado, la denunciante señaló que la regidora incluso lanzó insultos tanto hacia ellos como hacia los elementos de tránsito que acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente.
Ante la falta de acuerdo entre las partes, la motocicleta fue trasladada al corralón y posteriormente, la familia intentó retomar el diálogo para resolver la situación, pero aseguran que la regidora se mantuvo firme en exigir la cantidad completa y se negó a aceptar pagos parciales o firmar algún documento que permitiera formalizar un acuerdo.
La denunciante agregó que, durante una conversación telefónica, la funcionaria habría mencionado que trabaja en la presidencia municipal y que cuenta con influencias, lo que la familia interpretó como un intento de presión para obligarlos a cubrir la suma exigida.
Además del conflicto legal, la situación ha generado afectaciones económicas para la familia, ya que la motocicleta era el principal medio del esposo para trasladarse a su trabajo, por lo que actualmente deben recurrir al transporte público y taxis, lo que ha incrementado considerablemente sus gastos diarios.
